Septiembre ha sido un mes de noticias y cambios especialmente en el panorama legal. La más reciente ocurrida el pasado 24 de septiembre, donde el Senado de la República Mexicana aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 2 de la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que les reconoce como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio para ejercer su libre determinación y autonomía.

Este dictamen estipula que “La nación mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas”, por lo tanto, se debe difundir y preservar la cultura de los pueblos indígenas con base en sus métodos de enseñanza: así como promover el desarrollo de la medicina tradicional y prácticas de salud, alimentación nutritiva, bioculturalidad e integridad de lugares sagrados, así como el reconocimiento del trabajo comunitario. Además de reforzar la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones. Con dicha reforma se obliga a crear una ley general para derechos indígenas, recibir asistencia jurídica y garantizar la participación en decisiones que afecten sus territorios y recursos naturales.

Desde 1983, como una respuesta a los múltiples tipos de violencia y discriminación que enfrentan y han enfrentado las mujeres indígenas a lo largo de la historia, en el segundo encuentro de Organizaciones y Movimientos de América se instituyó el 5 de septiembre como el día internacional de la mujer indígena, para resaltar el papel de las mujeres indígenas en mantener y defender la identidad de sus pueblos.

En la actualidad, la población indígena que habita en zonas urbanas se enfrenta a situaciones de discriminación, falta de acceso a servicios públicos básicos y violencia estructural. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2022, se identificó que los principales problemas que vive la población indígena son: la falta de empleo, seguido de la falta de recursos económicos suficientes para comer y vestir; falta de atención médica (13.2%), falta de apoyo del gobierno en programas sociales (12.6%), discriminación por su apariencia física (12.2%), falta de oportunidades para seguir estudiando (10.6%), discriminación por hablar una lengua indígena (8.2%) y por último, falta de respeto a sus costumbres y tradiciones (6.8%).

Si comparamos los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017 respecto a la del 2022, encontramos qué la prevalencia de la discriminación contra personas indígenas aumentó de 25.3 a 28%. Y dicha discriminación se observa más en mujeres que en hombres. (27.9 en hombres y 28.1 en mujeres).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en la Zona Metropolitana de la Laguna hay 4,064 habitantes que se auto perciben como indígenas o hablan alguna lengua indígena, distribuidos de la siguiente forma: Torreón 1966; Gómez palacio 1339; Lerdo 472; Matamoros 164; Francisco I. Madero 123.

Las principales lenguas indígenas habladas en La Laguna son: Tsotsil (291), Náhuatl (278), Mazahua (122), Maya (122), Otomí (99), Zapoteco (99), Totonaco (55), Huasteco (54), Mixteco (49)

Aunque se haya dado un paso importante en la reforma del artículo 2 de la Constitución, es obligación del Estado, continuar el proceso no sólo para su aprobación en los congresos de los Estados, sino en el establecer los mecanismos que aseguren un cumplimiento efectivo en las instituciones de los gobiernos locales, no sólo asistenciales o culturales, sino todas aquellas que les permita una incorporación integral en el desarrollo de la sociedad como sujetos de derechos.

Desde Metrópoli Laguna detectamos el desafío de los gobiernos locales para transformar y garantizar el alcance en la atención efectiva de las necesidades de la población indígena, mediante la sustitución de la visión asistencialista por una visión multicultural, que permita reconocer a todos los habitantes de La Laguna como sujetos de derecho, con libre determinación y autonomía sin importar la lengua que hablen, las prácticas culturales y religiosas que tengan, con el fin de promover y garantizar una mejor calidad de vida.

Referencias