Por Miriam González

El 26 de noviembre del 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. Con ello, se pretende apoyar las acciones para erradicar la pobreza y promover el trabajo decente; la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar y la justicia social para todas, todos y todes. 

Para que estos objetivos se cumplan, la Asamblea General dicta que es necesario conservar y desarrollar los derechos fundamentales: educación, salud, alimentación adecuada, vivienda digna, derecho a un trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, derecho a la libertad de expresión, seguridad y certeza jurídica, así como el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, religión o posición económica. 

En 2008 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) integró a la Justicia Social en su Declaración, la cual es la expresión del compromiso de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de respetar y defender los valores humanos fundamentales.

Para entender o determinar la Justicia Social, existen varias aproximaciones. La primera se basa en la justicia como distribución, la forma en que los bienes primarios se encuentran distribuidos dentro de la sociedad, a partir del contexto de cada individuo, es decir, las personas nacen con diferentes beneficios o impedimentos sociales, por lo que la Justicia Social busca reducir esta brecha de desigualdad.

La segunda aproximación se refiere a un enfoque de capacidades, donde la principal interrogante es: ¿son las personas libres de elegir su modo de vida, o están limitadas por factores externos? Como respuesta a esta pregunta, la Justicia Social busca disminuir las barreras económicas, sociales y culturales, por nombrar algunas, para que los individuos puedan lograr sus propios objetivos. Por ejemplo, tener las condiciones adecuadas de salud, alimentación y vivienda; una educación que permita su desarrollo integral, así como expresarse; tener la posibilidad de tener participación política; derechos de propiedad y de trabajo, por mencionar algunos. 

La tercera aproximación se refiere a la Justicia Social como participación, la promoción del acceso y la equidad para asegurar la plena participación en la vida social, especialmente aquellos que pueden ser excluidos por etnia, edad, género, habilidad física o mental, educación, orientación sexual, situación económica u otras características de grupo. 

En resumen, la Justicia Social hace referencia a las oportunidades equitativas de acceso a servicios públicos de calidad, como salud y educación, en la valoración social, el respeto a todas, todos y todes, en términos de sus identidades, estilos y elecciones de vida. Su principal propósito es reducir los factores determinantes de pobreza y desigualdad que evitan el pleno desarrollo de las personas. 

¿Cómo se encuentra la ZML respecto a la Justicia Social?

Para explicar esta situación, los especialistas utilizan el coeficiente de Gini, el cual mide la desigualdad de una población a partir de su ingreso salarial. La escala va de 0 a 1, donde 1 es la máxima igualdad dentro de la sociedad. A nivel nacional, el coeficiente es de 0.415, mientras que en la ZML es de 0.391, un poco por debajo de la media.  

En el acceso a la Educación, son dos municipios de la ZML que enfrentan un gran reto, Matamoros tiene el 3.09% de población analfabeta de 15 años o más, mientras que en Lerdo el 6.53% de su población de 6 a 14 años no asiste a la escuela.

En cuanto al acceso a la salud, la ZML tiene un porcentaje promedio de 22.6% de población sin derechohabiencia a servicios de salud. Siendo Lerdo el de mayor porcentaje con 25.03%

Finalmente, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, reporta el gasto que destinan los habitantes en la adquisición de bienes y servicios:

Mientras que, a nivel nacional, la distribución del gasto en alimentos es del 37.68%, en Coahuila es el de 31.41%, en Durango es mayor, con el 35.51%.

El segundo mayor gasto es Transporte, a nivel nacional se destina el 19.30% del ingreso, en Coahuila se destina el 20.62% del ingreso y en Durango se destina el 20.5% del ingreso.

En cuanto al gasto en servicios de educación a nivel nacional se destina el 9.81% del ingreso, en Coahuila el gasto es mayor con el 11.91%, mientras que en Durango se destina el 10.22% del ingreso.

El gasto en el que menos se destina es el cuidado de la salud, a nivel nacional se destina el 3.37% del ingreso, en Coahuila se destina el 2.46%, y en Durango el porcentaje aumenta a 3.48% del ingreso. 

Por último, en vivienda y servicios a nivel nacional se destina el 9.49% del ingreso, mientras que en Coahuila se destina el 9.98%, y en Durango el 7.05% del ingreso.

De acuerdo con el índice de marginación del Consejo Nacional de Población, la ZML se encuentra en un grado “muy bajo” de marginación, lo que significa que la desigualdad entre la población de los municipios de la Laguna es baja.

Es necesario incluir a la Justicia Social como guía central de las políticas públicas, ya que promover los derechos fundamentales de oportunidades de empleo, protección social, vida digna y educación de calidad se vuelven una prioridad para fomentar sociedades equitativas para todas, todos y todes.