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La mayoría de los problemas de las ciudades del área conurbada de La Laguna han pasado de ser asuntos de carácter municipal a ser de ámbito metropolitano. Seguridad, salud, educación, servicios públicos, medio ambiente, competitividad, desarrollo económico, crecimiento urbano y movilidad, son temas que forman parte de un complejo panorama que afecta a los 1.2 millones de personas que habitan la metrópoli lagunera. Quienes viven en la extendida mancha urbana del valle del río Nazas han ido construyendo una identidad regional que rebasa los límites de su ciudad de origen y que va más allá de lo que conocemos como “lagunerismo”. Esa identidad específica tiene que ver con pertenecer a una misma dinámica socioeconómica y cultural arraigada en la urbanidad, ya no vinculada necesariamente con la vida del campo.
Las últimas dos generaciones de pobladores del área conurbada están compuestas, en su mayoría, por personas que viven, estudian, trabajan y se divierten en la ciudad, en contraste con las generaciones de mayor edad que aún guardan algún vínculo o raíz con el mundo rústico. Pero dicha identidad también tiene que ver con sufrir, a grandes rasgos, los mismos problemas, derivados de una vida urbana en común. Hace dos semanas en este mismo espacio planteaba la necesidad de repensar la metrópoli como ese espacio compartido y ligado a un fenómeno global de urbanización y metropolización. Uno de los objetivos de esta reflexión como -valga la expresión- “metrolaguneros”, debe ser el encontrar la mejor manera de gestionar nuestra metrópoli. Y para ello, hay que revisar primero los modelos posibles y la experiencia que se ha tenido con ellos.
Un primer modelo de gestión metropolitana es el de un gobierno federal que asuma la mayor responsabilidad a la hora de plantear y proyectar las soluciones a los problemas de la zona conurbada y que, en consecuencia, lo lleve a dictar las directrices a los otros dos niveles de gobierno. Se trata de una visión centralista ya experimentada durante el Priato y que tiene su manifestación más reciente en la creación por decreto presidencial del Mando Especial de La Laguna, una comandancia militar desde la cual se coordinan todas las labores de seguridad pública de la región.
Si bien es cierto que en esta última experiencia ha habido resultados, como los es la disminución de los índices delictivos en comparación con los años de la peor ola de violencia en la historia reciente de La Laguna (2010-2014), el modelo de gestión centralizado en el gobierno de la República tiene como inconveniente imponer una visión fraguada a mil kilómetros de distancia de la metrópoli comarcana, que pudiera no responder completamente a las necesidades regionales, o bien, enfrentar límites claros en sus alcances. El ejemplo de la seguridad es una muestra de esto último, ya que sólo se atacó la superficie del problema sin llegar al fondo de las causas de la inseguridad.
La gran ventaja de este modelo radica en que la superioridad jerárquica del gobierno federal puede obligar a los otros dos niveles de gobierno a ponerse de acuerdo para alcanzar un mismo objetivo -como ha pasado en el caso de los índices de seguridad-, además de que la distancia política entre los tomadores de decisiones y la sociedad a beneficiar pudiera salvarse creando esquemas ágiles y amplios de consenso y diálogo que abarquen no sólo a las autoridades estatales y locales sino también a la iniciativa privada, sociedad civil organizada y sectores populares.
Un segundo modelo de gestión es el de gobiernos estatales tomando las decisiones principales sobre los programas y obras necesarias para resolver la problemática común regional. Es el modelo que se ha seguido desde que nació el Fondo Metropolitano, el cual, si bien contempla recursos federales, es administrado por los ejecutivos de las entidades en las que se divide La Laguna. La ventaja de acercar la toma de decisiones de la capital de la República a las capitales estatales, es decir, a 250 kilómetros de la comarca, ha quedado neutralizada por la falta de comunión de los intereses de Coahuila y Durango, cuyos gobiernos han optado por convertir el llamado fondo metro en un parche de los hoyos presupuestarios estatales.
Tal y como lo he mencionado en colaboraciones anteriores, el Metrobús Laguna es una clara muestra del fracaso de este modelo de gestión, en el que priman los intereses políticos de cada gobierno por encima de las necesidades de la población. El resultado es que, en el mejor de los casos, el necesario y urgente sistema de transporte metropolitano comenzará a operar hasta 2020 solo del lado de Coahuila, tras años de retrasos y afectaciones para los habitantes de la metrópoli. La única manera de salvar este modelo de gestión es restar peso a los estados en la toma de decisiones y abrir ésta a los ayuntamientos, la Federación y la sociedad en general.
Un tercer modelo es dejar en los municipios el rol protagónico de la gestión metropolitana bajo la perspectiva de que se trata del nivel de gobierno más cercano a la gente y que, por lo tanto, más interés tiene en responder -al menos en teoría- a las necesidades de la sociedad lagunera. El problema es que los ayuntamientos cuentan con presupuestos limitados y escasa autonomía financiera, es decir, dependen de los recursos estatales y, principalmente, federales. Además, las agendas electorales terminan por descarrilar cualquier buena voluntad de coordinación, sobre todo por el desfase que existe en los comicios a ambos lados de la frontera estatal, como lo vimos con los avances logrados en la homologación de algunos reglamentos en 2014 y que, a la vuelta de los años, se perdieron por los cambios aplicados por cada ayuntamiento.
La única manera en la que se pudieran superar estos obstáculos tal vez sea con la creación de instituciones metropolitanas descentralizadas con poder vinculante de decisión, en las que participen las autoridades de los tres niveles y los distintos sectores de la sociedad, así como especialistas en cada uno de los problemas a resolver. Algo como lo que ha ocurrido en metrópolis como la de Bilbao, en el País Vasco, con una veintena de ciudades, o en zonas conurbadas más cercanas como la de Guadalajara, Jalisco, integrada por ocho municipios. En ambas experiencias, la creación de instituciones de gobernanza intermunicipales ha sido determinante para la generación de programas y proyectos de carácter metropolitano.
No se trata de copiar simplemente lo que se hace en otros lados, ya que La Laguna cuenta con su realidad político administrativa sui géneris, sino más bien de aprender de otros esfuerzos. Tampoco se trata de dejar al margen a las autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes legítimas y legales de la ciudadanía, ya que perfectamente se pueden -incluso se deben- involucrar en la construcción de los mecanismos de gobernanza que permitan a la metrópoli lagunera resolver sus problemas y crecer de una manera más ordenada, incluyente y sustentable. Lo primero que se requiere para establecer un modelo eficiente de gestión metropolitana es una visión de largo plazo en donde los intereses cortoplacistas y electorales dejen de ser determinantes.
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