El acceso a la vivienda es un tema que ha estado presente a lo largo de la historia contemporánea de México, es en la Constitución de 1917, donde se reconoció por primera vez la necesidad de ofrecer “habitaciones cómodas e higiénicas” a los trabajadores, la cual debía incluir un área mínima destinada a equipamientos y servicios públicos.
Entre 1940 y 1950, el crecimiento de la población de México pasó de 20 a 26 millones, y, como consecuencia, los procesos de urbanización ya representaban cambios significativos en la conformación de los asentamientos humanos, esto provocó que el tema de vivienda comenzara a ser una prioridad en la agenda pública.
El crecimiento demográfico casi se duplicó en sólo 20 años, pasando de 26 millones en 1950 a 48 millones en 1970; provocando que la demanda de vivienda y de suelo urbanizable se convirtiera en una necesidad para la política pública.
En 1983 se adiciona un párrafo al artículo 4 constitucional, que señala que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, y agrega: “La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Al año siguiente se publica la Ley Federal de Vivienda, que establece los lineamientos generales de la política nacional de vivienda para ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda, beneficiando al mayor número de personas, dándole prioridad a la población urbana y rural de bajos ingresos.
23 años después, en 2006 se publicó la nueva Ley de Vivienda que establece:
1.[…] “La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado”
2.[…] Reconoce que las disposiciones de la Ley de Vivienda deberán de aplicarse bajo los principios de equidad e inclusión social, y
3.[…] Precisa las características de los “espacios habitables” y los “espacios auxiliares” con la finalidad de “cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa” y de la necesidad de contar con espacios auxiliares como “el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación.
Cuando se publica la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en 2016, se creó con el objetivo de ordenar y regular los asentamientos humanos. Aquí se consideran la promoción de obras para vivienda digna, la regulación de terrenos y la determinación de inmuebles dedicados a vivienda popular.
En el transcurso de los años, la discusión del tema a nivel internacional ha llevado a establecer los principios de vivienda los cuales son: derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, coherencia y racionalidad, participación democrática y transparencia, productividad y eficiencia; protección y progresividad del espacio público; resiliencia, seguridad urbana y riesgos, y accesibilidad universal y movilidad.
En la actual administración, la política de vivienda tiene el objetivo de construir un millón de viviendas nuevas, principalmente para sectores de la población como jefas de familia, jóvenes, adultos mayores y personas que rentan. 500 mil serán construidas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) y 500 mil serán construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para personas no derechohabientes (financiadas en parte por Financiera del Bienestar).
Dicha construcción se distribuirá en cuatro regiones del país:
- 325 mil en la Región Sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán)
- 239 mil en Región Centro (Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato)
- 228 mil en Región Centro-Norte (Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa y Baja California Sur)
- 206 800 en Región Norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas)
Las viviendas deberán contar con servicios básicos, estar cerca a equipamientos y actividades económicas, tener áreas verdes, espacios abiertos y recreativos, ajustarse a las características familiares, culturales y de contexto social, y por supuesto, evitar condiciones de riesgo por desastres naturales. Debe atender de forma prioritaria al rezago habitacional, la necesidad de vivienda por incremento demográfico, y a familias en zonas de riesgo.
En el caso de Coahuila, el objetivo es construir 50 mil viviendas de interés social, de las cuáles, alrededor de 20 mil corresponden a Torreón.
De acuerdo con el índice de SHF (Sociedad Hipotecaria Federal) de precios de la vivienda en México, en el segundo trimestre del 2024. El precio de las viviendas en el país adquiridas a través de un crédito hipotecario creció 9.4% en comparación con el segundo trimestre del 2023; mientras que en el acumulado anual, el crecimiento fue de 9.5%.
En el periodo de enero a junio de 2024, a nivel nacional, el precio promedio de una vivienda fue de 1 millón 724 mil pesos. En Coahuila, durante el primer semestre del 2024, el índice SHF de precios de vivienda presentó una variación del 8.8%, menor a la variación nacional de 9.3%, mientras que Durango, presentó una variación de 10.3%.
En la Zona Metropolitana de La Laguna, el Programa de Ordenación propone la conformación de alianzas entre el sector público y privado para el desarrollo de proyectos de gestión del suelo, dirigidos a la generación de oferta de vivienda nueva. Y señala el Programa de vivienda Social (PVS) y El Programa de Modernización de los Registros públicos de la propiedad y Catastro como mecanismo de apoyo financiero a los que puede acceder la población. De igual manera, integra los principios de vivienda en la planeación y en la designación de suelo urbano habitable.
Se puede reconocer entonces, como la política de vivienda en México ha ido evolucionando, respondiendo tanto a las necesidades de la población como a las discusiones internacionales en donde se nutren las características de una vivienda digna. Para quienes quieran profundizar en este tema les invito a escuchar el podcast de Metrópoli Laguna, ya que en el episodio 5 platicamos con la maestra Dulce Franco sobre la regularización del suelo y la certeza jurídica, y en el capítulo 8 platicamos con el profesor Rubén Monroy sobre la relación entre los servicios públicos y la vivienda. Temas que acompañan a la reflexión y el contexto de la vivienda en zonas urbanas, así como en La Laguna.
Referencias
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/937428/Boleti_n_prensa_indice_SHF_2024T2.pdf