Por Miriam González

En la última semana se han publicado noticias sobre diálogos entre gobierno y sociedad civil en temas que nos afectan o inciden en la población de La Laguna, como migración, desarrollo económico y seguridad pública. La realidad es que las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel clave en los procesos de gobernanza. 

En el tema de migración autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil de Torreón se reunieron por segunda vez en el año para atender este fenómeno. Estas mesas de diálogo se realizaron bajo la convocatoria del gobierno del estado. El resultado de ello fueron acuerdos de capacitación, manejo de protocolos, información general a la ciudadanía, evaluación y seguimiento del fenómeno. 

En el tema de seguridad y desarrollo regional se instaló el Consejo Ciudadano de Seguridad y Desarrollo Regional en La Laguna (Consede), el cual tiene por objetivo tratar temas de seguridad, desarrollo económico, obras y algunos otros asuntos que atañen a la región. En su primera reunión asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno, sector empresarial, académico y sociedad civil organizada. 

Estos son un ejemplo de gobernanza, tenemos un diálogo entre autoridades y sociedad civil. Es un espacio que se propone desde el gobierno y participan instituciones que están en contacto directo con la situación. Al final de este ejercicio se generan acuerdos. ¿Pero, qué es una Organización de la Sociedad civil, cuál es el impacto y en qué participan?

Una organización de la sociedad civil se caracteriza por su trabajo sin fines de lucro en favor de la defensa y respeto a los Derechos Humanos, brindan apoyo o asistencia social a terceros, realizan servicios a la comunidad, impulsan la participación ciudadana, generan empleos, fungen como laboratorios sociales, promueven el cambio y actúan como un contrapeso del poder gubernamental.

En su último informe, en 2023, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) reportó que existen 48,035 organizaciones de la sociedad civil en México, esto es aproximadamente 38.1 organizaciones por cada 100 mil habitantes.

En Coahuila existen 31.7 OSC por cada 100 mil habitantes, colocándolo en el lugar 19 a nivel nacional. Atienden directa o indirectamente carencias de seguridad social, rezago educativo y servicios de salud. 

En Durango existen 66.6 OSC por cada 100 mil habitantes, es el 3er lugar a nivel nacional. Sus principales actividades atienden directa o indirectamente carencias de seguridad social, servicios de salud y rezago educativo. 

Al realizar una búsqueda en el Registro Federal de las OSC para la ZML, encontramos que en 2021 habían registradas 737 OSC que cumplen con los requisitos que establece la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por OSC, que les permite acceder a apoyos y estímulos públicos, gozar de incentivos fiscales, recibir donativos y capacitaciones entre otros beneficios. 

Después de dimensionar las OSC que existen en la ZML y de conocer las principales situaciones que atienden hablemos de su participación en los procesos de gobernanza. Es decir, de qué manera la organización civil dialoga con el sector público y privado para atender una situación o reducir una carencia. Porque la sociedad civil también nutre a la formulación de políticas públicas, dando más información a los tomadores de decisiones.

Para que una OSC pueda participar en estos procesos de diálogo e incidencia debe de cumplir con dos aspectos. El primero es el interno, estar constituida, tener misión, visión, contar con ingresos seguros. Es decir, cubrir sus necesidades organizacionales. 

El segundo es el externo, y se refiere a las condiciones que el Estado provee para la conformación y la participación de las OSC en la toma de decisiones y construcción de políticas públicas. 

En este sentido, Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo AC (una OSC) publica el Índice de Fomento a las Actividades de las OSC. En él se mide el estado integral del fomento a las organizaciones en la dimensión legal, institucional y programática. Es decir, a las acciones que los gobiernos implementan, y que van desde lo económico, el establecimiento de un marco normativo hasta capacitaciones, asesorías y vinculación.

En el caso de Durango, su índice de fomento a la OSC en 2022 lo posicionaron en el lugar número 15 a nivel nacional, con una calificación de 33.26 (de 100) En marco jurídico 62.1%; Marco institucional 46.6%; Marco programático 10%. Mientras que Coahuila obtuvo el 8° lugar con una calificación de 56.52 con Marco Jurídico 56.9%, Marco institucional 48.6%; Marco programático 62.5%

Queda pendiente cuestionar los siguientes pasos para incentivar los procesos de gobernanza. Ya sea un trabajo enfocado en el fortalecimiento interno de las OSC, o desde el gobierno facilitando la conformación de las OSC y promoviendo su participación dentro de los ejercicios de diálogo.