Autor: Arturo González
La movilidad y la conectividad son dos conceptos hoy imprescindibles para cualquier ciudad que aspire a un desarrollo equilibrado para sus habitantes. Buena parte de las acciones desde los gobiernos deben estar enfocadas a nivelar el piso de los ciudadanos en un contexto de fuerte desigualdad económica, además de aspectos prioritarios como la sanidad y educación. Si pensamos en los jóvenes, las ventajas que tienen los estudiantes de universidades privadas que cuentan con vehículo propio o familiar y con acceso a internet todo el día deben ser compensadas con obras y programas públicos para quienes viven en la base de la pirámide socioeconómica. Y estas acciones van mucho más allá que simplemente dar dinero o una beca a los que menos tienen.
La transición del segundo al tercer milenio ha estado marcada por la revolución urbana. No hace mucho, todavía a mediados del siglo XX, la gran mayoría de la población mundial era rural. Hoy, más de la mitad de los habitantes del orbe vive en ciudades. En el caso de México, la línea se cruzó en la década de los sesenta y hoy prácticamente 8 de cada 10 personas habitan en espacios urbanos. Esta revolución sólo es comparable en importancia a la de la creación y proliferación de las ciudades como centros de poder hace aproximadamente 6,000 años, con la diferencia de que el proceso actual se ha dado en unas cuantas décadas mientras que la eclosión de las ciudades en el Creciente Fértil y regiones periféricas tardó siglos.
La concentración de población en territorios más reducidos ha facilitado la generación de riqueza y potenciado los sistemas sociales de producción, a la par de que ha facilitado la dotación de servicios y comodidades para la población. No obstante, también ha traído nuevas dificultades derivadas de la superpoblación, el hacinamiento y la desigualdad económica. En una frase, la ciudad en esta etapa de la historia ha abierto para la humanidad oportunidades y retos sin precedentes, oportunidades y retos que los gobiernos deben aprovechar y superar.
Uno de los retos es precisamente la movilidad. En la medida en que las ciudades se han expandido para convertirse primero en metrópolis y luego en megalópolis, con varios núcleos urbanos amalgamados en donde habitan millones de habitantes, el transporte barato, eficiente y ecológico se ha convertido en uno de los principales derroteros de las concentraciones urbanas. Ante la inviabilidad medioambiental, física y económica de que todos posean un auto propio, los sistemas metropolitanos de traslado masivo, ya sean trenes ligeros y subterráneos o esquemas de autobuses rápidos, se han vuelto una necesidad. Pero el costo y la magnitud territorial del servicio rebasan las capacidades de los gobiernos locales, que requieren del apoyo decidido de los gobiernos subnacionales y nacional.
Desde 2015 la zona metropolitana de La Laguna se encuentra en un proceso de desarrollo de su primer sistema integral de transporte metropolitano, con la peculiaridad de tratarse de una zona dividida en dos entidades federativa. Pero la experiencia hasta hoy es sumamente negativa: del lado de Coahuila la obra avanza con retrasos y problemas y sin certidumbre sobre la funcionalidad y tarifa adecuadas; del lado de Durango ni siquiera se ha concretado la licitación. En el mejor de los casos, en los próximos meses el servicio entraría en operación sólo en Torreón y Matamoros. Y como lo he dicho en anteriores ocasiones, este fracaso es producto del pésimo modelo que existe en materia de gestión metropolitana.
Otro reto de las urbes de este siglo es la conectividad digital. Hoy es imposible concebir una ciudad que aspire a ser oportunidad para sus pobladores, sin acceso a internet para todos. Pensar que sólo quienes poseen suficientes recursos económicos tienen el derecho a contar con acceso a las tecnologías de la información y conexión a la red de redes, es condenar al grueso de la población a una condición inferior en materia de disponibilidad de conocimiento, sobre todo en regiones como La Laguna en donde las bibliotecas públicas nunca han gozado de la infraestructura, equipo e insumos adecuados. Permitir el acceso libre a un bien que tiene que ser público como el internet forma parte ya de las políticas primordiales de gobiernos locales en países de Europa, Asia y parte de Norteamérica.
En este sentido, las ciudades principales de la Comarca Lagunera han explorado sin éxito, en distintas administraciones, la creación de programas de internet público en algunos espacios. El problema es que dichos planes parten de la premisa equivocada de «subsidiar» un servicio y con grandes limitaciones en cuanto a la velocidad de conexión y descarga. Hasta ahora no ha habido la voluntad real de buscar un esquema sustentable que, por ejemplo, pudiera funcionar vía patrocinios y/o exenciones fiscales para las empresas que brinden el servicio en ciertas condiciones y pensado sobre todo para pobladores que no puedan pagar por sí mismos la conexión.
El rezago en movilidad metropolitana y conectividad digital se ha convertido en un gran lastre para el sector más joven de escasos recursos de La Laguna, lastre que a la hora de la competitividad y oportunidad de subir en la escalera socioeconómica marca la diferencia. La falta de visión de los gobiernos está condenando a este segmento de la población a quedar relegado en la carrera del siglo XXI, aunque hay que considerar también que es difícil tener autoridades ocupadas en estos derroteros cuando ni siquiera hemos podido superar los problemas más básicos como el acceso regular a educación y sanidad de calidad, vivienda digna, agua potable y drenaje.
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